Los delitos contra mujeres no se tipifican de forma adecuada:  Briceño Zuloaga

* El Estado debe enfocarse en prevenir la violencia de género, señala
Redacción

La diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que los delitos contra mujeres no se tipifican de forma adecuada, por lo que falta un registro estadístico fidedigno de los feminicidios.

Durante el Seminario sobre Violencia de Género, organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, la legisladora señaló que de enero a septiembre del presente año hay 700 casos en la materia con una tendencia menor a la registrada en 2018; no obstante, las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso aumentan en dos mil 307 de los casos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, refirió que 18 entidades tienen declaratoria de alerta por violencia de género, en 410 municipios; 610 sumando los que tienen alerta en caso de agravio, cuyo mecanismo requiere ajustes en el marco jurídico para lograr mejores resultados, como en la agresión digital.

En el acto realizado en coordinación con la Comisión de Igualdad y Género del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la diputada Briceño Zuloaga afirmó que el Estado tiene que reconocer como una prioridad la violencia que viven las mujeres, para dirigir sus acciones a prevenir, erradicar y acceder a la justicia, porque “no queremos más feminicidios. No estamos en momentos de más simulaciones”.

“La violencia es la más horrorosa pandemia que existe y persiste” ante la invisibilización y normalización social de algunos órganos encargados de procurar justicia. La magnitud del problema exige acciones contundentes de todos, porque enfrentamos una emergencia nacional.

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, aseveró que la violencia en contra de las mujeres es una “emergencia nacional”, al registrarse en México la muerte de nueve de ellas diariamente; dos de cada tres han sufrido violencia de todo tipo; 30 niñas dan a luz cada día, por ser víctimas de violaciones sexuales, cuyos agresores son principalmente familiares directos, y ocupamos el vergonzante primer lugar en violencia sexual infantil y en feminicidios en el mundo, agregó.

Este problema no dejará de existir mientras no cooperemos todos y todas, además de no permitir que ninguna autoridad ejerza esta violencia. “Es momento de pasar de los discursos a las acciones y hacer visibles casi el millón de abortos clandestinos que se practican anualmente en el país, el gran número de casos de violencia obstétrica e institucional en el sistema de administración de justicia”, sostuvo.

Exhortó a los gobiernos estatales a emprender políticas reactivas a la violencia familiar y visibilizar los asesinatos contra las mujeres y el machismo que permean todos los niveles socioeconómicos. Convocó a entender este problema no sólo como de las mujeres, sino de la sociedad.

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz aseguró que la violencia de género es una expresión de la descomposición social que viene del hacinamiento de la población, concentración de la riqueza, política de privilegios que derivan a su vez en injusticia e impunidad. “Mientras no se recupere la capacidad correctiva del Estado hay de manera implícita una puerta abierta a delinquir y excluir”, sostuvo.

Advirtió que, a pesar de los esfuerzos aislados y el trabajo de instituciones por la capacitación, no se ha logrado que jueces dicten sentencias basadas en experiencias, como en el denominado Campo Algodonero, ya que sólo se colocan botones de pánico que no funcionan, como en Ciudad Juárez. “A 10 años de distancia no sabemos quiénes fueron los autores materiales, el motivo, el modus operandi. No hay verdad de la justicia ni reparación del daño”, lamentó.

Enfatizó que la realidad social es misógina y violenta, además que las víctimas han impulsado un movimiento para hacer ver su desgracia, pero no existe una respuesta como tal del Estado. “Dejemos de traer modelos ajenos a lo que somos para encontrar soluciones, las instituciones se deben forjar a partir de normas y reglas creadas por la ciudadanía para convivir; hemos normalizado la violencia”. 

La embajadora de Reino Unido en México, Corin Robertson, aseguró que la igualdad de género tiene una relación positiva con el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, ya que la participación de ellas en la fuerza de trabajo y la generación de ingresos tiene efecto multiplicador en la sociedad. “Las empresas con tres o más mujeres en sus juntas directivas superan su rendimiento en 53 por ciento en comparación en donde no tienen participación”, sostuvo.

Comentó que tan sólo la representación de su país en nuestra nación tiene una plantilla de 55 por ciento de mujeres. “Soy jefa de una misión diplomática en un mundo profesional que hasta hace unos años estaba reservado exclusivamente para hombres”. 

Enfatizó que para fortalecer la igualdad se requiere comenzar desde una educación de calidad hacia el desempeño de habilidades en niñas que les brinden oportunidades de desarrollo. “Educarlas les da una voz más fuerte dentro de las comunidades y familias, les da la confianza de decidir cuándo casarse, los niños que quieran tener y mayor control sobre sus finanzas, ingresos y sus cuerpos”.

Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, criticó el sentido de propiedad de la mujer alentado por el patriarcado con el sometimiento del poder y la fuerza, donde los hombres son retados a demostrar su hombría y valentía con pactos de violencia hacia quienes lo rodean.

Cambiar esa realidad lacerante obliga a las mujeres a tener una vida alegre, feliz y libre. “Lo que te duela y con lo que te sientas mal eso es violencia en cualesquiera de sus expresiones”. No debe permitirse que nadie nos haga daño.

“La mujer vale sólo porque existe, no necesita otra cosa para sentirse valiosa o merecedora para tener una vida digna, libre y empoderarse.

Hugo Christian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, sostuvo que la violencia de género debe visualizarse y reflexionar con el objetivo de generar soluciones racionales, razonables y acordes con el marco normativo.

Refirió que el camino en la legislación constitucional para prevenir, sancionar y erradicar la agresión en contra de las mujeres ha sido largo y azaroso. Los espacios y derechos reconocidos en las normas también implican nuevos desafíos.

Celebró que el CEDIP realice este seminario para identificar soluciones ante los nuevos retos en la materia. Es afortunado que se abran espacios de participación política para la mujer desde la Constitución y las leyes; sin embargo, “se padece la ignominiosa cerrazón que ataca o pretende cerrarlos”.

Adriana Plasencia Díaz, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del INAP, advirtió que la violencia no puede normalizarse ni aceptarse, porque se ha convertido en una emergencia. “No tenemos más tiempo ni podemos dejar pasar las diversas facetas de agresión existentes”.

Resaltó la necesidad de construir una agenda integral para definir políticas públicas eficaces que se cuantifiquen y midan con el propósito de saber si están en el camino correcto.

“Necesitamos administrar las políticas públicas de la manera más adecuada para atender la violencia. Sólo mediante la acción y no de la reacción se pueden lograr cambios profundos”.

En dos mesas sobre “Violencia política, violencia electoral” y “Educación, formación para la igualdad sustantiva”, se analizó la situación de violencia femenina. Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió que se tipifique y sancione la agresión política en contra de las mujeres.

En el proceso 2017-2018 se registraron 38 casos de violencia en contra de candidatas a diversos puestos de elección popular, principalmente en Puebla, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca. Lamentó que 16 activistas fueron asesinadas. 

Sostuvo que sólo a través de un marco jurídico que las proteja puede frenarse esta epidemia, considerada así desde 1993 por la Organización Mundial de la Salud.

Planteó la importancia de actualizar la normatividad en los estados con el propósito de armonizar ese derecho y hacer visible los casos de agresión para inhibirlos. Afirmó que el Estado y las instituciones están obligados a redoblar los esfuerzos a fin de garantizar que las mujeres no sean agredidas.

Carlos Ferrer Silva, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el INE, consideró la violencia política de género como gravísima y de la más alta relevancia, debido a que una sociedad que aspira a la democracia tiene que tener una igualdad entre hombres y mujeres real, sustantiva, genuina; sin embargo, en la actualidad México registra un déficit democrático grave.

Dijo que incluso se ha abonado para detener este tipo de violencia en las redes sociales, incluyendo la repetida por periodistas en estos espacios virtuales. Puntualizó que entre los retos está la educación en igualdad desde la infancia, con el fin de no perpetuar el machismo y el sistema patriarcal, además que se debe fomentar la cultura de la denuncia y las campañas de información.

Aseguró que el papel del INE en el tema es serio y ha asumido la lucha de manera frontal, por lo que suscribió un protocolo con otras autoridades, atendiendo quejas, emitiendo medidas cautelares, y deteniendo los casos de violencia política de género. “Nuestra posición es seria y comprometida, aunque no está libre de errores”.

Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mencionó que en las votaciones 2017-2018, se visibilizaron violencias como la económica, que representó al 29 por ciento; la simbólica, con 24 por ciento; la verbal, 22 por ciento y la psicológica, 11 por ciento, según el informe de candidatas a concejalas en las alcaldías de la CdMx.

“En la ciudad detectamos en el pasado proceso 21 casos de agresiones contra candidatas a puestos de elección popular, de los cuales el 91 por ciento correspondieron a actos de violencia política de género”.

Precisó que “los actos más recurrentes fueron amenazas de muerte, intimidación verbal, envío de grupos de choque para sabotear mítines en plazas públicas y difusión de propaganda difamatoria con expresiones de discriminación hacia la mujer”.

Respecto de candidatas a diputadas locales, la violencia de forma verbal fue de 36 por ciento y la simbólica, 17 por ciento; además, en el caso de las candidatas a diputaciones federales en el ámbito nacional la violencia verbal fue de 33.9 por ciento, la simbólica del 25 por ciento, la económica del 19 por ciento, y psicológica, 14.13 por ciento.  Dijo que se requiere generar un instrumento de medición de este tipo de actos o “violentómetros”.

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