Proponen elaborar un proyecto para avanzar en materia de sobrepeso y obesidad

* Son un serio problema de salud pública; advierten expertos de la continuidad de publicidad de alimentos chatarra

Redacción

México es el segundo país con mayor incidencia de sobrepeso en adultos y primero en niños con obesidad, indicó la diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena) quien presidió el Foro sobrepeso, obesidad y diabetes, construyendo una agenda integral.

“Este foro tiene un objetivo primordial que es tener un compromiso de salud en este país, porque el problema de sobre peso, obesidad y diabetes es un serio problema de salud pública, han sido muchos años y no podemos sacarle la vuelta a este compromiso que es de todas y todos”.

Confió en que este foro sea la punta de lanza para elaborar un proyecto revolucionario que permita avanzar en la dirección correcta, y a una velocidad posible, porque el problema que nos aqueja es muy importante.

Debemos aprovechar este encuentro y construir los elementos para desahogar los trabajos de análisis y dictaminación de diferentes iniciativas de reforma alusivas a la prevención y control del sobrepeso, obesidad y la diabetes.

Se realizará una agenda integral para materializar políticas de salud pública que reviertan las tendencias que está desarrollando la población.

La diputada Carmen Medel Palma (Morena) dijo que prevenir y controlar la epidemia requiere de un trabajo interinstitucional que urge de nuestra atención.

“Comencemos a dictaminar las iniciativas de etiquetado, creemos consensos, superemos barreras políticas y protagonismos y transitemos hacia un bienestar hacia toda la población”.

Por su parte, Hugo López Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, explicó que la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, ocupan hoy uno de los principales lugares entre los problemas de salud pública más importantes de nuestro país.

Está documentado por la ciencia de la salud y son problemas que se relacionan con los estilos de vida, que es el contexto con el que los seres humanos se desenvuelven.

Abundó que cuando uno habla de estilos de vida no se debe de pensar en preferencias, o decisiones totalmente libres y mucho menos racionales. Debemos ver a la salud pública, como un asunto social de manera intrínseca, y atender asuntos en las que se desenvuelven los individuos que les permiten o no tomar decisiones favorables a la salud.

Explicó que uno de los determinantes cruciales en el asunto de la diabetes y la obesidad o sobrepeso son los ambientes alimentarios. “Si tenemos un acceso amplio y variado a alimentación sana, probablemente se tendrá la posibilidad de tomar la decisión de consumir estos alimentos”.

“Pero si hay un ambiente sobre saturado de alimentos no saludables, entonces los individuos por más que quieran no pueden optar por el consumo de productos saludables, además es un asunto prolongado y no son conscientes de que están expuestos a un ambiente profundamente restrictivo a sus preferencias alimentarias porque es a lo que están expuestos”, reiteró.

Y si esto lo refuerzan elementos de persuasión como la publicidad, aún menos podrán tener un ámbito de libertad de selección. Dejó en claro que el gobierno actual no es enemigo de la inversión privada o de que se tenga una sociedad económica plural. Cuando los intereses privados menoscaban la capacidad del poder público se desvían las políticas públicas.

Por su parte, Delhi Trejo, Especialista en Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicó que en aras de mejorar la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional en el año 2030, es necesario que México desarrolle los objetivos de desarrollo sostenible planteados a nivel internacional.

La importancia de este desarrollo de la cadena de suministro de alimentos tiene que ver con la producción, almacenamiento, distribución, envasado, venta en los mercados, y la vinculación de los productores.

Lamentó que la cifra del consumo de alimentos importantes para los niños se haya reducido porque el 44 por ciento consume frutas y el 28 por ciento verduras; sin embargo, el consumo de botanas y dulces se incrementó en 52 por ciento.

En su oportunidad, Abelardo César Ávila Curiel de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición  “Salvador Zubirán”, aseguró que no existe una Ley reglamentaria del derecho a la alimentación y debe haber una que garantice dicho objetivo.

Es una pena, que no haya una necesidad dentro del diseño institucional y los objetivos de gobierno de articular el sistema alimentario, “los costos que estamos pagando son altísimos por no tener esa claridad de que debe haber esa modificación al marco normativo y esa construcción de un sistema alimentario”.

Raúl Riquelme Cacho, presidente de la Comisión de Salud Concamin, sostuvo que bajar la incidencia del tema de sobrepeso y la obesidad no sólo tiene que ver con el etiquetado de los alimentos, en las escuelas, la publicidad o de los impuestos, sino todo junto.

“Y si creo que el responsable no necesariamente es la Cámara de Diputados, no es el Congreso, es la autoridad, es la secretaria de salud, ayudemos a definir eso y trabajemos sobre ese sentido”.

Mientras, Ana Larrañaga de Contrapeso, reconoció que hay una grave evidencia de que México vive una emergencia epidemiológica decretada desde el año 2016, tiempo en que hasta ahora no se ha elaborado ninguna regulación o ley que haga algo al respecto.

Subrayó que las enfermedades no transmisibles podrían ser controladas o prevenidas a través de una alimentación saludable.

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, aseguró que al costo de la atención de padecimientos que tienen que ver con sobrepeso, obesidad y diabetes (154 mil millones de pesos), debe sumarse un costo similar que hay en el sector privado, lo que resultaría en 300 mil millones de pesos, sin considerar el impacto en la productividad de los sujetos.

“Si sumamos los efectos en el gasto público, privado y los efectos negativos que causan, representan alrededor del 2.2 por ciento del PIB, que equivale a 372 mil millones de pesos”, alertó.

Esta administración federal tendrá que ir de la mano con el sector privado en políticas públicas, que promuevan la salud de los mexicanos, así como hacer estudios de forma conjunta para conocer los verdaderos impactos de estos padecimientos.

Señaló que estudios de la FAO muestran que una persona con sobrepeso, posterior obesidad y una consecuente diabetes, en un periodo de 6 años pierde el 50 por ciento de su productividad.

La encargada de Inteligencia e Información de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), Tania Ramos Beltrán, aseguró que los impuestos especializados a alimentos y bebidas saborizadas, aplicados desde enero de 2014 -8 por ciento de IPES a alimentos con alta densidad calórica y un peso por litro de bebida saborizada, el cual desde 2018 se actualizó a un peso con 17 centavos- no lograron combatir la obesidad como se esperaba.

“Hemos identificado diversos efectos fundamentales: el primero es que aumenta la desigualdad social, el segundo limita el crecimiento económico, restringe el bienestar social y no disminuye el consumo”.

Enfatizó que, según datos de Inegi y Coneval, el 57 por ciento de estos impuestos recaudados hasta el día de hoy, lo han pagado las personas más pobres, además que el 20 por ciento de este grupo son personas que no pueden acceder a la canasta básica. “El 30 por ciento del precio que pagamos por un refresco son impuestos, 16 por ciento de IVA y 15 por ciento del IEPS”.

Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, comentó que en un periodo de 30 años ha aumentado la obesidad en todos los grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres, lo que amplía el riesgo de diabetes, hipertensión, 15 tipos de cáncer, ocasionando discapacidad, mortalidad temprana, reducción de calidad de vida y altos costos económicos para la familia y el sistema de salud.

Es necesario una política integral de combate a la obesidad. “Evidentemente sería una medida que no la reduciría en menos de 3 años, pero en conjunto ayudaría a prevenirla”.

Insistió que el 30 por ciento de las calorías que consumen los mexicanos provienen de bebidas azucaradas y comida chatarra. “Somos de los países que más consumen azúcar en el mundo, entre el 58 y el 85 por ciento de la población consumimos más del 10 por ciento del total de nuestra energía proveniente de energías azucaradas. “El 70 por ciento de toda la azúcar que consumen los mexicanos proviene de bebidas azucaradas”.

Arantxa Colchero, de la dirección de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, precisó que el 12.5 del total de ingesta de los mexicanos son azucares añadidos; no obstante que la OMS recomienda que sea menor al 10 por ciento.

Señaló que en el primer año de la implantación del impuesto, la reducción del consumo de esta sustancia fue del 6 por ciento en el ámbito nacional, mientras que en el segundo año llegó al 9 por ciento, aunque en los sectores más pobres alcanzó 14 por ciento. Resaltó la relevancia de evaluar que los impuestos a estos alimentos no tengan efectos negativos en empleos.

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